La reciente muerte de Lindomar Bustamante en la prisión de Tocorón reavivó las alertas sobre las condiciones de reclusión en Venezuela. ONG’s defensoras de los derechos humanos denunciaron que su fallecimiento —aparentemente por suicidio— no puede desvincularse del Estado, que según Provea, es “plenamente responsable de la vida e integridad de las personas bajo su custodia”.
Bustamante, de 27 años, estaba en aislamiento desde hacía 15 días y ya había intentado quitarse la vida, según relataron sus familiares. No obstante, nunca recibió atención ni protección médica. La situación ha sido calificada como parte de un patrón sistemático de maltratos y abandono por organizaciones como Clippve, Casla Institute y el Comité de Madres en Defensa de la Verdad.
Actualmente, el caso de Jhoandri Josel Silva, detenido en Cojedes y en estado grave tras un intento de suicidio, mantiene en vilo a estas ONG. Denuncian que fue víctima de tortura psicológica y exigen garantías humanitarias inmediatas. Ya van al menos seis fallecidos bajo custodia estatal entre 2024 y 2025, y la cifra podría seguir creciendo.
Para Oscar Murillo, coordinador general de Provea, el mensaje es claro: “Las muertes bajo custodia son siempre responsabilidad del Estado”. La exigencia: justicia, rendición de cuentas y libertad para todos los presos políticos.
3eravoz @soyjosecorrea
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