La tiranía avanza en su farsa electoral, acompañada de alacranes y enchufados, inmorales y deshonestos, todos corruptos de la misma índole, que buscan beneficios personales y la destrucción del proceso del 28 de julio y, por supuesto, del incuestionable liderazgo de María Corina Machado, personajes que en definitiva usan la política como profesión para obtener riqueza y posiciones y no más con la vocación social que supone su ejercicio. Esta farsa electoral no sólo significa una burla a los venezolanos y un intento más para pasar la página de la realidad del 28 de julio de 2024 cuando los venezolanos decidimos por mayoría aplastante elegir al nuevo presidente de la República, Edmundo González Urrutia.
Este proceso, por lo demás contrario a todo, afecta nuestra reclamación territorial, nuestra lucha desde siempre por recuperar el Esequibo, la que irresponsablemente ha venido abandonando la tiranía de Maduro siguiendo la misma línea del golpista Chávez Frías, impuesta antes por los gestores del país, radicados en La Habana cuyos intereses fueron y siguen siendo contrarios a los de los venezolanos.
La tiranía usa el “proceso” electoral para, por una parte, distraer sobre la gravísima crisis a la que nos ha sometido de manera intencional y pasar la pagina del 28 de julio; y, por otra parte, para cohesionar al país alrededor de un falso nacionalismo, emulando dictaduras que lo intentaron y fracasaron, Galtieri de Argentina, una referencia a considerar.
La inclusión del territorio Esequibo en este proceso, además de ser una acción temeraria y de provocar no sólo una decisión contraria de la Corte, si no la reacción de la comunidad internacional que se alinea con Guyana dadas las torpezas y la forma equivocada (?) del manejo del tema por la tiranía venezolana, crea una expectativa que se traduce en una burla a los venezolanos. Un gobernador y autoridades esequibas (venezolanas) no pueden instalarse en el territorio en reclamación. Sería una acción unilateral peligrosa y audaz que podría generar enfrentamientos con Guyana y la comunidad internacional y por supuesto, la reacción adversa de la Corte que conoce el caso. Podría este acto constituir incluso una agresión o una amenaza de agresión, al menos una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, que conocerían los órganos internacionales, el Consejo de Seguridad entre otros, por supuesto, del cual es miembro Guyana, lo que adelantaría el fin de la narcotiranía.
Es muy lamentable que algunos “políticos” y otros pocos “analistas y expertos internacionales” se presten a este juego que no es más que un despropósito político y jurídico muy peligroso y que apoyen y promuevan, incluso que formen parte del mismo, por intereses distintos a los de los venezolanos que, en primer lugar, seguimos aferrados al 28 de julio como fecha determinante para el cambio político y, en segundo lugar, a la solución pacífica y civilizada de esta controversia que distintamente a la tiranía chavista fue defendida por los gobiernos democráticos con seriedad y la mayor responsabilidad.
Los venezolanos no vamos a caer en el juego de la narcotiranía. No vamos a acompañar ningún proceso electoral que desconozca el triunfo del pueblo el 28 de julio, aunque ofrezcan la recuperación de facto del Esequibo, basado en ese falto sentir nacionalista; a la vez que rechazamos cualquier forma distinta de resolver la controversia territorial con Guyana, hoy en la Corte Internacional de Justicia que la examina por la desidia, el desinterés y la traición de los “revolucionarios” que entregan el país, nuestro territorio y nuestra riqueza a otros, compartiendo los beneficios en la más grande corrupción que ha conocido nuestra historia.
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