El régimen socialista, antidemocrático y desafiante frente a la Constitución vigente, ha perfeccionado el control y dirección férrea de las instituciones. A propósito de la convocatoria a las elecciones para gobernadores, consejos legislativos y asamblea nacional, con lo hasta ahora visto con asombro, estamos en presencia de un adefesio electoral, revestido de improvisaciones, ilegalidad, manipulación, perversidad, ventajismo , crueldad, con evidente y descarado abuso excesivo y lacerante del poder a todas luces tergiversado y transgresor de los derechos ciudadanos.
Apegados a las informaciones que emiten permanentemente los voceros del cuestionado y desacreditado ente rector, quienes no han mostrado aún los resultados del proceso electoral presidencial, ahora puestos en evidencia ante el país y el mundo de sus fechorías históricas, convocaron un nuevo proceso electoral, esta vez regional, inicialmente anunciado para el mes de abril, para después postergarlo para el mes de mayo.
Se planteó un cronograma electoral inviable, que según los expertos en materia electoral es incumplible en cada una de sus partes por lo corto de los lapsos para cada etapa, además de la incapacidad de esta institución de dar cumplimiento al mismo por la falta de personal y precariedad de los sistemas, equipos, la infraestructura entre otros que, disminuyen considerablemente su operatividad en todos los estados del país, sin excepción alguna.
Ninguna fase de este proceso electoral viciado se ha cumplido en los lapsos previstos. Se ha desarrollado atropelladamente en el oscurantismo acostumbrado cuando es un evento público y se ejecuta a discrecionalidad de las autoridades electorales. Uno de los más importantes pasos es precisamente el lapso de postulaciones y sustituciones de candidatos. La ausencia de la página web oficial del CNE ha permitido que la convocatoria a cumplir con esta etapa importante haya sido secuestrada y manipulada. El sector oficialista, los partidos de la alianza democrática compuesta por los partidos judicializados y otros más así como los partidos nacionales que nacieron a la sombra de la revolución tuvieron acceso para postular a través de un link engañoso y fraudulento al cual los sectores de oposición real al régimen no tuvieron acceso, es decir solo postulaban quienes previamente ya habían sido seleccionados por los factores de poder que controlan al CNE.
Si recordamos el proceso presidencial del 2024 solo 3 partidos -MUD, UNT y MPV- postularon la fórmula de Edmundo González, que acompañó y promovió la líder María Corina Machado. Algunos otros que quisieron participar en esta alianza para ese momento fueron execrados del registro de partidos políticos de manera arbitraria, abusiva e ilegal; sin embargo, el resultado final de esta inédita contienda presidencial todos la conocemos, al igual que el deprimente papel que desempeñaron las instituciones y los poderes públicos.
Cito este proceso electoral anterior para compararlo con este otro. En primer lugar ambos están controlados y tutelados por el oficialismo, sin ningunas condiciones mínimas de participación y menos de ser permitida la observación válida internacional. En esta oportunidad la oposición real que manifiesta querer votar solo le queda la opción de inscribirse en UNT de Manuel Rosales, que dejó de ser confiable luego de sus intentos de hacerse de la candidatura presidencial de la oposición en el año 2024 ya que la MUD decidió abstenerse y el MPV fue sacado de la contienda, sin argumento válido alguno.
Los partidos regionales fueron borrados del espectro político sin ninguna explicación, lo que pone en evidencia que la inquisición revolucionaria chavista madurista, no perdona a nadie, llegó para quedarse y cumple el objetivo de desmantelar todo lo que pudiera estorbarle al régimen autócrata que construyó en los últimos años una oposición a su medida que atiende al mandato de permanencia del modelo socialista.
Suprimir con severidad el sistema de partidos, negar durante años más de 240 solicitudes de nuevos partidos políticos nacionales y regionales, mostrarle al país un entramado de organizaciones sin estructuras, llámense oficialistas o de la oposición complaciente y comprometida con la revolución bolivariana concluye que cualquiera que participe y gane en este proceso simplemente es parte del sistema socialista que ante la ingobernabilidad existente y la crisis severa de la población solo cumple la forma al ir a una elecciones, si así se puede llamarse, donde todos los que participan forman parte del sistema creado para controlar aún más la sociedad y lograr anclarse al poder apartados de la Constitución, la cual por cierto pretenden reformar para ajustarla a su medida.
Concluyo con todos los argumentos necesarios que todos los partidos políticos que postularon para este proceso y todos sus candidatos aspirantes a gobernadores y legisladores regionales y nacionales son oficialistas, normalizadores y cómplices de esta estrategia antidemocrática que termina confiscando el derecho de participación, continua violando flagrantemente la ley que rige los procesos electorales, la Constitución y cruelmente postergar innegablemente la agonía de los venezolanos, que esperanzados esperan un cambio de modelo y renovación profunda de las autoridades que mal conducen y administran el país.
El oficialismo promovió un proceso interno donde sus debilitadas bases postularon a sus candidatos, proceso que no respeto la opinión de la gente y ha generado un conflicto que sumado a la situación general del país, no avizora un buen resultado para los dedócratas revolucionarios.
Se especula que al no existir una contraparte en el proceso regional las cifras serían como siempre en estos casos, maquilladas en su número final y distribución de cuotas acordadas. La verdad no suena descabellado ante los hechos recientes en materia electoral.
Sin temor a equivocarme con el análisis profundo de la realidad política electoral del país para este proceso electoral no hay ningún partido de oposición participando y todos los que compiten según las encuestas todos juntos como lo son, un mismo equipo con un solo fin, no llegan al 11% de aceptación entre los venezolanos, es decir la abstención y onda antipartidos estaría entre 80 y 90% y solo una minoría ya concertada que estaría en el orden de entre 10 y máximo 20% se repartiría todos los cargos que se van a elegir en este inobservado proceso que tiene desde ya sus resultados cantados.
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