Un juez federal dijo después de una audiencia el lunes que determinará si tiene la autoridad para decidir un caso en que cientos de miles de venezolanos corren el riesgo de perder las protecciones de deportación en menos de dos semanas.
Por Verónica Egui Brito / El Nuevo Herald
El gobierno de Trump revocó una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, otorgada por el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el 17 de enero, días antes de que el presidente Trump asumiera el cargo. El gobierno de Trump ha revertido la extensión, que habría durado hasta octubre de 2026. Si la revocación se mantiene, muchos de los 350.000 venezolanos que se beneficiarían del estatus perderían, a partir del 2 de abril, su capacidad de trabajar y serían deportables.
La demanda fue presentada en San Francisco por siete ciudadanos venezolanos que argumentan que la decisión de la administración de Trump no solo es ilegal, sino que también tiene motivaciones políticas y prejuicios raciales. Junto con la Alianza Nacional del TPS, los venezolanos exigen el restablecimiento de la extensión de 18 meses del TPS para los venezolanos que corren el riesgo de perder su protección en abril, así como para otros 250,000 que la perderían en septiembre.
El juez federal de distrito Edward M. Chen, quien supervisa el caso, es el mismo juez que, en octubre de 2018, emitió una orden judicial preliminar que bloqueó el intento de la primera administración Trump de eliminar el programa TPS para inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. Casi dos años después de su fallo inicial, un tribunal federal de apelaciones revocó la orden judicial, aunque permaneció vigente hasta febrero de 2024, cuando el juez concedió la moción de la administración Biden de desestimar el caso.
Los abogados del gobierno estadounidense argumentaron el lunes que Chen carece de competencia para bloquear la revocación del TPS por parte de la administración. Argumentaron que el Congreso ha otorgado a la secretaría de Seguridad Nacional la autoridad para revisar las decisiones sobre el TPS. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tomó la decisión de revocar la extensión del TPS.
Venezuela fue designada inicialmente para el TPS en marzo de 2021, lo que permitió que más de 350.000 personas solicitaran protección. La designación se amplió en 2023 para incluir a otros 257,000 venezolanos. Esta medida fue ampliamente celebrada en el sur de Florida, donde vive una de las comunidades venezolanas más grandes de Estados Unidos.
Durante la audiencia del lunes, el gobierno no cuestionó la evidencia presentada por los venezolanos que demandaron sobre el impacto negativo económico y laboral si los beneficiarios venezolanos del TPS se ven obligados a abandonar el país.
“Me parece que el expediente muestra la probabilidad de lesión en ausencia de resarcimiento, al menos con base en el expediente actual”, declaró el juez. “Si bien podrían surgir nuevas pruebas en el juicio, por ahora este elemento parece indiscutible”.
El juez le preguntó a la abogada del Departamento de Justicia, Sarah L. Vuong, qué dificultades sufriría el gobierno si se pospusiera la decisión de poner fin al TPS.
“El perjuicio para el gobierno radica en que la secretaría ha analizado el asunto, ha tomado una decisión relacionada con el interés nacional y tiene interés en que se cumplan sus órdenes”, dijo Vuong, y agregó que Noem demostró que es seguro que los beneficiarios del TPS regresen a Venezuela.
Ahilan Arulanantham, abogado del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la UCLA, argumentó que la administración no se ha tomado el tiempo de evaluar adecuadamente las condiciones en Venezuela para determinar si es seguro que sus ciudadanos regresan, y agregó que durante dicha revisión, algunos de los venezolanos con TPS podrían tener tiempo para otro estatus migratorio para permanecer en Estados Unidos.
El aporte de los venezolanos
La demanda, presentada por el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA, la Fundación ACLU del Sur de California y la Red Nacional de Organización de Jornaleros, argumenta que los beneficiarios venezolanos del TPS contribuyen aproximadamente $3,500 millones anuales a la economía estadounidense y pagano más de $400 millones en impuestos al Seguro Social.
Los abogados también dijeron que el 76% de los inmigrantes venezolanos son empleados, muchos en sectores críticos como el transporte, la construcción y los recursos naturales, y que el 48% de los inmigrantes venezolanos han obtenido al menos una licenciatura, lo que los posiciona como contribuyentes clave en diversas industrias.
“Solicitamos a la corte que impida que el gobierno federal retire las protecciones del TPS a 600,000 venezolanos, ya que las acciones del gobierno violan claramente el estatuto del TPS y están motivadas por el racismo, violando así la Quinta Enmienda”, declaró Arulanantham en un comunicado. “Este gobierno no puede simplemente ignorar la ley cuando no le gusta”.
Erik Crew, abogado de la Alianza del Puente Haitiano y miembro del equipo legal que representa al grupo que presentó la demanda, afirmó que “merecen saber que la protección humanitaria que se les ha otorgado no les será arrebatada en cuestión de días”.
Varias demandas están actualmente pendientes en tribunales federales que impugnan la revocación del TPS para venezolanos y haitianos. Otras demandas impugnan la revocación del programa de libertad condicional humanitaria, implementado durante el gobierno de Biden, para más de medio millón de migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Una demanda en curso en un tribunal federal de Washington DC impugna la deportación de hombres venezolanos la semana pasada a una megaprisión en El Salvador. El gobierno ha alegado tener autoridad en tiempos de guerra para deportar a los hombres, alegando que son miembros de la temida pandilla venezolana Tren de Aragua, pero la demanda afirma que nunca se les dio la oportunidad de demostrar ante el tribunal que no eran pandilleros.
‘Elegimos luchar’
Una de las demandantes en el caso de San Francisco, Cecilia González Herrera, de 26 años, quien huyó del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y llegó a Estados Unidos hace ocho años con su familia, dijo en una conferencia de prensa que ella y otros venezolanos no se quedarán de brazos cruzados mientras las protecciones “se desmantelan”.
González Herrera, residente de Kissimmee, es beneficiario del TPS junto con su familia y ha solicitado asilo político. Actualmente estudia Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos en la Universidad del Centro de Florida en Orlando. González Herrera afirmó que, como activista de derechos humanos, siente la responsabilidad de luchar por sí misma y por su comunidad. “Esta lucha se trata de justicia: de preservar un programa que ha salvado vidas y creado oportunidades para tantas personas”, dijo. “Como venezolanos beneficiarios del TPS, nos negamos a callarnos. Ya hemos huido una vez, y ahora elegimos luchar, no solo por nuestras familias, sino por los cientos de millas de venezolanos beneficiarios del TPS que merecen vivir sin miedo”.
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