Desde hace unas semanas el dictador que gobierna Venezuela ha dedicado buena parte de sus apariciones públicas a promocionar una reforma constitucional que se llevaría a cabo antes de finalizar este año.
De la iniciativa, innecesaria en medio de la crisis humanitaria y política que vive el país provocada por el propio régimen, poco se sabe más allá del compendio de lugares comunes y fanfarronadas que se repite por la señal de Venezolana de Televisión. El apego al “Plan de la Patria” y las “siete transformaciones” (vademécum doctrinarios de la dictadura), la promoción de un “Estado comunal” y la designación de los amigos incondicionales de Maduro como corredactores del texto constitucional es todo lo que necesitamos saber para comprender que estamos a la espera de otra estafa política con la que se pretende afianzar la dictadura en Venezuela.
El “Estado comunal” que nacería con la carta magna, como hemos indicado en anteriores escritos, es el eufemismo con que pretenden fusionar el partido de gobierno con las comunas creadas por el régimen, una estrategia envolvente en la que los ciudadanos estarían obligados a ser leales a la dictadura a fin de preservar sus puestos de trabajos, ser incluidos en los programas sociales y poder disponer de los servicios públicos que de un modo precario siguen existiendo en el país. El régimen está empeñado en crear un Estado sobredimensionado, donde la lealtad política al dictador sustituya el derecho a la ciudadanía y donde toda disidencia pueda ser aplastada.
Esta es la verdadera razón que mueve al régimen en este proyecto de reforma constitucional y es la causa por la que Nicolás Maduro ha puesto más empeño en su promoción que en las elecciones regionales a las que mira con desconfianza. Lo ha afirmado claramente en sus apariciones públicas, con la reforma a la Constitución, las alcaldías y gobernaciones quedarían sujetas a un nuevo poder, el “comunal” (controlado por Miraflores) que limitaría su libertad de acción y pondría en coto los liderazgos regionales. Con la nueva carta magna el régimen avanzaría en la recentralización dejando a los poderes locales vacíos de competencias, presupuestos y desconectados, a efectos prácticos, con su electorado.
Con la nueva Constitución los poderes locales quedarían como cascarones vacíos, apenas apéndices de las órdenes ejecutivas de Miraflores, todo un retroceso al proceso de descentralización que con tanto esfuerzo comenzamos hace muchos años en Venezuela, un giro autoritario escudado en el llamado poder comunal. Los venezolanos lo saben, cada vez que la revolución pretende reformar la Constitución lo hace con base a cálculos mezquinos, como cuando querían incluir la reelección indefinida (2007) y tuvimos que salir a la calle, en un movimiento de organización y resistencia popular, para acotar las ambiciones de Hugo Chávez, uno de los hitos de nuestra resistencia como ciudadanos y escuela de activismo político con el que muchos venezolanos seguimos comprometidos.
Nicolás Maduro Moros ha decidido convertir el 2025 en el año de la consolidación de su proyecto dictatorial cociendo, sobre el entramado institucional venezolano, un traje hecho a su medida, una camisa de fuerza para los venezolanos que luchamos por el cambio pacífico y democrático que queremos la mayoría.
Estamos viviendo tiempos complejos que ponen a prueba nuestra capacidad de resiliencia frente a la dictadura. Miraflores avanza en su intento de imponernos una institucionalidad que certifique, desde la Constitución, el autoritarismo, un proyecto que pueda dar una apariencia de legitimidad a una dictadura que desea consolidarse a espaldas de la voluntad popular que lo abandonó el 28 de julio. El régimen ha decidido legalizar la dictadura con la nueva Constitución y burocratizar la represión con la construcción de este supuesto “Estado comunal”, un gigante con pies de barro que no podrá detener la voluntad de cambio que persiste en los venezolanos.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, pone a disposición de los venezolanos, en su página web, un «Kit de Emergencia en Derechos Humanos», un manual que contiene herramientas útiles y sencillas para actuar en casos de allanamientos, detenciones ilegales, desapariciones forzadas, acoso laboral, entre otros abusos que forman parte del cotidiano repertorio represivo del gobierno de Nicolás Maduro.
Provea forma parte del grupo de ONG que siguen en nuestro país luchando por la libertad de los presos políticos. Trabajar por el retorno de la democracia forma parte del esfuerzo colectivo por lograr la libertad de todos los presos políticos en Venezuela.
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