En la orden, Trump «conmina al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado que tomen todas las medidas necesarias para repeler, repatriar y expulsar inmediatamente a los extranjeros ilegales a través de la frontera sur», «restringiendo el acceso a las disposiciones de las leyes migratorias que pemitirían» a los inmigrantes que llegan a la frontera «permanecer en Estados Unidos, como el asilo».

La orden justifica que “el presidente tiene autoridad en virtud de la Ley de inmigración y nacionalidad, así como autoridad inherente en virtud del Artículo II de la Constitución, para impedir la entrada física de extranjeros ilegales en Estados Unidos por la frontera sur”.
La comunicación insistió en lo que ha sido uno de principales temas del presidente durante años al recordar que “la inmigración ilegal afecta a la vida de todos los estadounidenses”, “perjudica a los trabajadores estadounidenses” y “supone una carga para los contribuyentes estadounidenses y socava la seguridad pública”, además de costar al país “miles y miles de millones de dólares cada año”.
En su primer día en la Casa Blanca, Trump firmó una decena de órdenes ejecutivas que, entre otras medidas, limitan severamente el derecho al asilo, militarizan la frontera, intentan acabar con el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, y designan como organizaciones terroristas a carteles del narcotráfico mexicano.
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