Así ayudan los inmigrantes que viven ilegalmente en EE. UU. a financiar las prestaciones del Seguro Social

The New York Times – Caracas, 13 de enero de 2025-. Así ayudan los inmigrantes que viven ilegalmente en EE. UU. a financiar las prestaciones del Seguro Social

La Administración del Seguro Social recibe cada año miles de millones de dólares gratuitos de una fuente inesperada: los inmigrantes que viven ilegalmente en el país.

Este grupo pagó unos 25.700 millones de dólares en impuestos del Seguro Social en 2022, según un análisis reciente del grupo de investigación fiscal Institute on Taxation and Economic Policy, de tendencia izquierdista. Dado que los trabajadores que viven en el país ilegalmente solo pueden cobrar jubilación y otras prestaciones del Seguro Social si cambia su estatus migratorio, los miles de millones que vierten en el programa en realidad operan como un subsidio para los beneficiarios estadounidenses.

El presidente electo Donald Trump prometió llevar a cabo el mayor programa de deportación masiva del país hasta la fecha y restringir las vías legales de inmigración. Es difícil predecir si la administración entrante será capaz de cumplir sus promesas más agresivas, entre ellas enviar a casa a los 11 millones de trabajadores que se calcula que se encuentran en este momento en Estados Unidos de forma ilegal.

Pero si la Casa Blanca procede con el plan, los economistas prevén que será un lastre extenso para la economía, y podría costarle al Seguro Social unos 20.000 millones de dólares anuales de liquidez, según los actuarios de la Administración del Seguro Social, que les envía prestaciones a 68 millones de estadounidenses cada mes, las cuales ascendieron a un total de 1,5 billones de dólares el año pasado.

La Seguridad Social desde hace años ha tenido un déficit de financiación, en parte debido a los cambios demográficos. Debido al descenso de la natalidad, menos personas cotizan al programa, mientras que miles de “baby boomers” se jubilan cada día y los jubilados cobran prestaciones durante periodos más largos.

“Las realidades demográficas de Estados Unidos son cada vez más desafiantes para la financiación de programas como el Seguro Social”, explicó Shai Akabas, director ejecutivo del programa de política económica de la organización sin ánimo de lucro Bipartisan Policy Center. “La inmigración neta en el país es un factor que ha empujado positivamente contra esa tendencia y ha ayudado a llenar el vacío dejado por una fuerza laboral que envejece”.

Se prevé que el fondo fiduciario que paga las prestaciones de jubilación del Seguro Social se agotará en 2033, cuando los ingresos fiscales basten para pagar el 79 por ciento de las prestaciones programadas. Eso significa que los cheques de los beneficiarios se reducirán un 21 por ciento si el Congreso no hace nada (se espera que los legisladores hagan algo, aunque hay un debate sobre el mejor enfoque para apuntalar el programa).

Cambios considerables en la política de inmigración podrían repercutir en el Seguro Social. Según un informe de 2024 de la Oficina Presupuestaria del Congreso, se prevé que la tasa neta de inmigración impulse el crecimiento demográfico y sea responsable de todos los aumentos en la población a partir de 2040, debido a las bajas tasas de fertilidad estadounidenses.

“Si la mano de obra inmigrante disminuye, es probable que eso empeore la situación financiera del Seguro Social a corto plazo y exija reformas más significativas en otros ámbitos”, opinó Akabas, de Bipartisan Policy Center, que estudió hace poco la cuestión. “Dicho esto, las preguntas más generales en los temas de política de inmigración y seguridad fronteriza requieren una reflexión cuidadosa que va más allá de su impacto en el programa del Seguro Social».

Para hacernos una idea de cómo alterarían las finanzas del programa a largo plazo los distintos niveles de inmigración (legal y de otro tipo), podemos consultar el último informe anual de los administradores del fondo fiduciario de la Administración del Seguro Social, que contiene sus previsiones sobre la salud financiera del fondo combinado para las prestaciones de jubilación e invalidez durante un periodo de 75 años a partir de 2024. (El déficit del Seguro Social suele medirse como porcentaje de la nómina total cubierta por el programa, o de todos los salarios sujetos a impuestos sobre nómina, la fuente de financiación específica del programa).

La mejor estimación de los administradores parte de una población de 1,24 millones de inmigrantes netos al año. A ese ritmo, el programa necesita un 3,5 por ciento adicional de su masa salarial imponible para ser solvente por completo. Pero si la inmigración neta anual se redujera a 829.000 (la cifra más baja calculada), el déficit de financiación a largo plazo del programa empeoraría en torno a un 10 por ciento (del 3,5 al 3,9 por ciento de la masa salarial imponible).

En cambio, si los inmigrantes netos aumentaran hasta casi 1,7 millones al año, el déficit de financiación mejoraría un 10 por ciento (al 3,1 por ciento de la masa salarial).

En otras palabras, por cada 100.000 inmigrantes netos al año, el déficit de financiación mejora un 0,09 por ciento de la masa salarial imponible.

Los trabajadores que viven ilegalmente en el país no pierden la obligación de pagar impuestos sobre sus ingresos obtenidos en Estados Unidos, y se calcula que al menos la mitad de ellos presentan declaraciones de impuestos federales. Para su desgracia, aunque paguen impuestos sobre la nómina, no pueden cobrar ninguna prestación del Seguro Social ni muchos otros créditos, incluido el crédito fiscal por ingresos del trabajo, que exige que todos los declarantes y sus dependientes tengan números de Seguro Social válidos.

Por lo general, las empresas tienen la obligación de verificar la identidad de los trabajadores que vayan a contratar y su derecho a trabajar mediante el formulario I-9, y a recopilar documentación como prueba. Dado que, por lo general, se necesita un número de Seguro Social para obtener un empleo, los trabajadores que viven ilegalmente en el país y reciben cheques en lugar de cobrar en efectivo, por ejemplo, pueden utilizar números de Seguro Social inventados, el número de otra persona o un número que fue válido un tiempo, cuando tenían estatus de autorización de trabajo.

Pero cuando presentan su declaración de la renta, utilizan otro número: el número de identificación individual del contribuyente, también de nueve dígitos y conocido como ITIN. El Servicio de Impuestos Internos los creó en 1996 para que las personas no elegibles o que no tienen número de Seguro Social puedan presentar legalmente declaraciones de la renta y cumplir las leyes fiscales: por ejemplo, el titular de un visado de estudiante o determinados cónyuges de personas con visados de trabajo.

El Institute on Taxation and Economic Policy calcula que los trabajadores que viven en el país de forma ilegal pagaron un total de 96.700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en 2022, un tercio de los cuales se canalizó a los impuestos sobre nómina que se emplean para pagar los programas de seguridad social, como el Seguro Social, Medicare y los impuestos por desempleo.

“Está bien establecido que los trabajadores indocumentados contribuyen a la solvencia de los principales programas de seguridad social a través de sus contribuciones fiscales”, señaló Carl Davis, director de investigación del Institute on Taxation and Economic Policy.

El Publico TV