El Parlamento venezolano, controlado por el oficialismo, aprobó una controvertida ley que impone fuertes sanciones a quienes promuevan o colaboren con medidas extranjeras contra el país. La “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista” incluye penas de hasta 30 años de prisión, multas económicas de un millón de euros y la inhabilitación política por 60 años para los implicados.
Esta normativa, aún pendiente de la firma del presidente Nicolás Maduro, busca castigar a personas y medios de comunicación que respalden sanciones internacionales consideradas por el Gobierno como “acciones que atentan contra la soberanía”. Según el texto legal, se penalizarán actos como la difusión de mensajes que apoyen estas medidas, con sanciones que podrían incluir el cierre de medios o la revocación de concesiones.
El alcance de esta ley también afecta a quienes incurran en ataques cibernéticos o armados, o desconozcan la legitimidad de los poderes públicos en Venezuela, acciones que, según el Gobierno, socavan la estabilidad del país. Las personas identificadas bajo “presunción fundada” de haber cometido estos actos podrían enfrentar congelamiento de activos, prohibición de operaciones comerciales y, en el caso de extranjeros, la expulsión del país.
El Ejecutivo defiende esta legislación argumentando que las sanciones internacionales son crímenes de lesa humanidad que han afectado severamente la economía nacional. De acuerdo con datos oficiales, más de 900 medidas de este tipo han sido implementadas en la última década, principalmente por Estados Unidos.
Con esta ley, el chavismo refuerza su postura frente a lo que considera un “bloqueo imperialista”, en un contexto donde las elecciones presidenciales recientes han sido ampliamente cuestionadas por numerosos Gobiernos.
3eravoz @soyjosecorrea
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