Para Delsa Solórzano, el informe emitido hoy por la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, reviste particular importancia, ya que no sólo reitera que en el país se cometen crímenes de lesa humanidad, sino que añade la descripción de hechos cometidos por funcionarios del Estado.
La presiente de Encuentro Ciudadano, aseguró que la misión añade y prueba un crimen más, a la larga lista que se investiga en la Corte Penal Internacional en el caso Venezuela 1. «De tal manera que no se puede desvincular el análisis del informe de la Misión, de la investigación que se lleva en la Corte Penal Internacional».
«La #FFM señala que en Venezuela se vive una represión sin precedentes, atravesamos la peor crisis de DDHH en nuestra historia. Este análisis se enmarca en el contexto pre y post electoral. A partir de octubre de 2023, y desde la misma violación, por parte del régimen, de los Acuerdos de Barbados», reseñó Solórzano.
En lo preelectoral, la defensora de DDHH destacó que el informó hace referencia específica a la inconstitucional inhabilitación de Maria Corina Machado y las dificultades para inscribir a la persona seleccionada por las fuerzas democráticas para ser la abanderada presidencial, todo ello en un marco de detenciones arbitrarias y persecución.
En lo postelectoral: «Refieren, que a pesar de que el CNE anunció al candidato oficialista como el ganador de la contienda, no presentó ninguna prueba de ello y organismos internacionales independientes como el Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU, cuestionaron los resultados aportados por el CNE, basándose en diversos aspectos de carácter técnico y fáctico».
-A partir de ese momento, la comunidad internacional comienza el proceso de exigencia de las actas (nunca presentadas) al ente rector electoral. Ello acompañado del reconocimiento a Edmundo González como ganador del proceso electoral. A partir de ese momento, la persecución por razones políticas se incrementó terrible y notablemente.
«Las amenazas contra la ciudadanía han sido proferidas directamente por los más altos funcionarios del Estado y la persecución ha sido ordenada por ellos mismos. El informe alerta sobre el incremento de las detenciones arbitrarias, todas en grave violación al debido proceso. Estas detenciones se caracterizan además, por estar precedidas de desapariciones forzadas de corta duración», narró.
Indica que los detenidos han sido sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violaciones sexuales basadas en género y pésimas condiciones de reclusión, entre otras violaciones a los DDHH.
-Destaca el informe, que existen hoy nuevas restricciones al espacio cívico y democrático, el incremento de la persecución contra trabajadores de la prensa, así como el claro incremento de las violaciones a la libertad de expresión y al trabajo realizado por las ONG’s y defensores de DDHH.
Solórzano destacó que el informe reseña que los Crímenes de lesa humanidad y el crimen de persecución fueron ordenadas por las máximas autoridades del Estado.
«La mayor parte de las detenciones arbitrarias fueron practicadas por el SEBIN, la DGCIM, la PNB, la DAET y la GNB, esta por instrucciones de Min. Defensa», indicó.
-El sistema de administración de justicia y en general, los actores judiciales operaron con falta de independencia y bajo injerencia del Poder Ejecutivo. Es evidente que nuestra nación ha enfrentado con valentía a un régimen criminal. Hoy, más que nunca, la lucha por recuperar la libertad y la democracia son una obligación patria.
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