Familiares de ocho adolescentes detenidos durante las protestas poselectorales en Venezuela exigieron este viernes su liberación frente a un cuartel policial en Caracas, alegando que sus hijos no son terroristas. Estas manifestaciones surgieron a raíz del fraude electoral del 28 de julio, dejando un saldo de 27 muertos y más de 2.400 detenidos.
De los más de 100 menores arrestados, 85 han sido liberados, pero al menos 30 siguen en prisión enfrentando cargos de terrorismo, según la ONG Foro Penal. Tania Urbina, madre de uno de los adolescentes detenidos, denunció que su hijo, Miguel Alejandro Urbina, de 16 años, está siendo falsamente acusado. “Queremos la libertad de nuestros hijos, porque no son terroristas”, expresó.
Las condiciones de detención han generado preocupación, especialmente en casos como el de Diosmer Mejías, quien tiene una bala de goma incrustada en la espalda y no ha recibido atención médica adecuada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó estas detenciones, señalando violaciones a los derechos de los menores y alertando sobre casos de maltrato.
La CIDH también denunció la falta de garantías judiciales, el maltrato a una adolescente embarazada, y el aislamiento de un menor con autismo sin acceso a atención médica. El organismo hizo un llamado urgente al régimen de Nicolás Maduro para que proteja los derechos de los detenidos y garantice condiciones dignas en los centros de reclusión.
La oposición venezolana ha rechazado los resultados electorales, afirmando que Edmundo González Urrutia fue el verdadero ganador de las elecciones, mientras el Consejo Nacional Electoral no ha publicado el escrutinio final, alegando un ciberataque masivo.
Estas detenciones arbitrarias de menores reflejan la gravedad de la situación en Venezuela, donde los derechos humanos están en constante riesgo.
3eravoz | @soyjosecorrea
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