La organización ambiental Greenpeace Brasil denunció este jueves que la minería ilegal está comenzando a devastar áreas de conservación en la Amazonía brasileña donde es permitida la economía sostenible.
EFE
La ONG identificó que actividades mineras ilegales en 15 unidades de conservación ubicadas en los estados amazónicos de Amapá, Amazonas y Pará han devastado 13.484 hectáreas, un área similar a la de una ciudad como Sevilla (España).
Los datos corresponden al estudio realizado por la organización entre enero de 2023 y julio de 2024 mediante el análisis de imágenes satelitales de las Unidades de Conservación de la Amazonía (ACA) en las que son permitidas actividades que involucran la recolección y el uso de recursos.
El estudio no incluyó las Áreas de Preservación Permanente, en las que no es permitida ninguna actividad económica y que constituyen santuarios ecológicos.
Según el estudio, el Bosque Nacional de Amanã, localizado en la frontera entre los estados de Amazonas y Pará, es la unidad de conservación más afectada entre las 15 en que se identificaron los estragos de la actividad ilícita, con un total de 6.812 hectáreas destruidas.
Además de la vegetación devastada, Greenpeace apunta que el río homónimo que recorre esta Unidad de Conservación ya cuenta con 56 de sus 156 kilómetros de longitud afectados por las extracciones ilícitas.
«El debilitamiento de la fiscalización y la flexibilización de las leyes ambientales, ocurridos durante el Gobierno de (Jair) Bolsonaro (2019-2022), así como el aumento del precio del oro en el mercado externo, hicieron que las cifras relacionadas con esta actividad crecieran exponencialmente, empeorando un escenario que ya era muy complejo en el bioma», explica el portavoz del Frente de Pueblos Indígenas de Greenpeace Brasil, Jorge Eduardo Dantas.
De acuerdo con el experto, el estudio reveló que la actividad minera en los últimos años se ha desplazado del este al suroeste de la Amazonía brasileña, saliendo del estado de Pará y dirigiéndose hacia el estado de Amazonas.
La ONG dice que los impactos de esta migración ya se ven en los ríos Tapajós, Jamanxim, Anamã y Parauari.
Entre las áreas analizadas, la Estación Ecológica Alto Maués, ubicada en el estado de Amazonas, llamó la atención de Greenpeace por el «rápido crecimiento de la minería», actividad que en 2020, cuando estaba en sus inicios, destruyó 60 hectáreas, área que creció un 421 % desde entonces y hasta julio de 2024.
La organización señala que la actividad que se observa en las Unidades de Conservación de la Amazonía (UCA) se suma a la devastación que sufren también por la minería ilegal algunas Tierras Indígenas en el bioma, áreas donde es prohibida por ley cualquier tipo de actividad minera.
Las más afectadas son las tierras indíg
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