Advierten que la Ley de Protección de Pensiones es confiscatoria para el flujo de caja de las empresas 

La economista Alicia Sepúlveda, directora de Tributos a tu Alcance, afirmó que la “Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social” es confiscatoria para el flujo de caja de las empresas que ya luchan por mantenerse dentro de la formalidad en un país donde, según ella, la capacidad de demanda de bienes y servicios está muy limitada.

“Al afectar al flujo de efectivo de las empresas las hace más vulnerables y la probabilidad de que puedan producir bienes y servicios, así como pagar mejores sueldos y salarios, se hace cada vez menor”, explicó Sepúlveda este miércoles en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.  

Añadió que, aunque la ley puede verse como una necesidad, su implementación tendrá un efecto perverso que deteriorará la capacidad salarial de los trabajadores actuales, disminuyendo así las posibilidades de asegurar pensiones dignas en el futuro.

¿Una ley contradictoria?

Sepúlveda sostuvo que existe una contradicción en torno a la “Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social”, ya que desde 2012 Venezuela cuenta con una Ley de Seguro Social y una tesorería encargada de administrar los recursos recaudados para ese propósito. 

Sin embargo, la reciente introducción de este nuevo impuesto destinado a las pensiones tomó por sorpresa a los empresarios que ahora deben llevar una carga más. 

“Una ley bien cuidada y procesada no parte de una exposición de motivo en donde en dos palabras te dicen: ‘bueno, yo no cumplí con mi responsabilidad, ahora te la achaco a ti, sector privado’”, reprochó, al tiempo que hizo énfasis en que se debe ser transparente en cuanto a la administración de los recursos. 

Asimismo, criticó que se haya pensionado a personas que no les correspondía, lo que, junto con el deterioro del sistema monetario, impide que las pensiones alcancen siquiera para cubrir las necesidades básicas.

Más impactos negativos que positivos

Resaltó también que la ley tiene muchas lagunas que permiten interpretaciones discrecionales por parte de los funcionarios, lo que hace aún más vulnerables a las empresas. 

A su vez, aunque todas las organizaciones con trabajadores y actividad económica deben pagar este impuesto, admitió que la situación es confusa para las ONG, ya que pueden tener empleados, pero no necesariamente realizar actividades económicas.

“Esta ley está generando más impactos negativos que positivos y la manera tenía que haber sido desde el área de reformar las leyes de seguridad social”, opinó. 

Según ella, un sistema empresarial fortalecido que genere ingresos para los trabajadores, el fisco y provea de bienes y servicios de calidad para todos los venezolanos es lo que hace falta, mientras el Estado venezolano vigila las políticas macroeconómicas para garantizar estabilidad de precios y monetaria.

Finalmente, sugirió a las empresas revisar y limpiar su gestión de nómina y, con base en ese análisis, consultar al Seniat.

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