Director de acceso a la justicia alerta sobre la Ley contra ONG: “Buscan eliminar organizaciones molestas”

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela ha estado discutiendo desde enero de 2023 un proyecto de ley que busca regular las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Este proyecto, impulsado por el diputado oficialista Diosdado Cabello, ha generado polémica y preocupación entre las ONG y defensores de derechos humanos. Cabello ha argumentado que estas organizaciones reciben financiamiento extranjero con el fin de desestabilizar al país.

El “Proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines” estaba programado para ser aprobado en segunda discusión este martes, pero la decisión fue pospuesta para la próxima semana. Esta ley ha sido criticada por su potencial de cerrar asociaciones que resulten incómodas para el gobierno.

En una entrevista con el medio Versión Final, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, ofreció una perspectiva crítica sobre el proyecto de ley. Según Daniels, el verdadero problema no es el financiamiento de las ONG, sino que estas organizaciones de derechos humanos están exponiendo verdades que al gobierno no le agradan. “Lo que está detrás de esto es que las organizaciones de Derechos Humanos son las que están diciendo cosas que al Gobierno no le gusta”, señaló.

Daniels explicó que, aunque el proyecto de ley se justifica bajo el argumento de controlar el financiamiento, la mayoría de sus artículos tienen un carácter persecutorio y punitivo. “De la simple lectura del proyecto uno se da cuenta que las intenciones son evidentemente otras porque lo relativo al financiamiento solamente se toca en tres artículos y el proyecto de ley tiene más de 30”, afirmó Daniels.

Una de las medidas más preocupantes de la ley es la exigencia de que todas las organizaciones, incluso las ya constituidas, deban registrarse nuevamente. Esto podría resultar en la anulación del registro de aquellas que el gobierno considere molestas. “Esto es una amenaza muy grave para la libertad de asociación”, advirtió Daniels.

El director de Acceso a la Justicia también cuestionó la transparencia y los motivos del gobierno en el manejo de este proyecto de ley, señalando la existencia de múltiples cambios y la falta de explicaciones claras sobre el proceso. La posposición de la aprobación de la ley también ha generado especulaciones sobre posibles divisiones dentro del gobierno.

Daniels enfatizó que las ONG ya están sometidas a estrictos controles de transparencia, especialmente aquellas vinculadas a la ayuda humanitaria que operan bajo el marco de Naciones Unidas. “Las ONG sí rinden cuentas… esa información se le remite al Gobierno”, explicó, desmintiendo las acusaciones de falta de transparencia.

Además, Daniels destacó que, incluso sin esta ley, las ONG ya enfrentan dificultades significativas. Mencionó que términos como “Derechos Humanos” o “crímenes de lesa humanidad” son rechazados en los registros oficiales, y procesos administrativos simples pueden demorar entre siete meses y un año. “La libertad de asociación ya está en peligro y si se llega a aprobar este proyecto, quedaría muy poco de ella”, concluyó.

Este proyecto de ley, de ser aprobado, podría tener un impacto devastador no solo en las ONG sino también en los beneficiarios de sus servicios, quienes dependen de la labor de estas organizaciones para acceder a recursos y apoyo esenciales en un contexto de crisis humanitaria y derechos humanos en Venezuela.

3eravoz @soyjosecorrea

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