Academia de Ciencias Políticas y Sociales rechaza la Ley de Protección de las Pensiones

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales emitió el pasado 15 de mayo un comunicado en el que fija su posición en contra de la recientemente aprobada Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista.

La Academia considera que la ley es cuestionable desde el punto de vista legal y que tendrá graves implicaciones negativas para la población venezolana.

Señaló que el sistema de seguridad social en Venezuela atraviesa por una grave crisis financiera que no puede ser resuelta mediante la creación de nuevas cargas tributarias. Aseguró además que la ley impone un tributo adicional a las empresas que no solo es inconstitucional, sino que también desestimulará las mejoras salariales y no salariales de los trabajadores.

Además, la ley delega indebidamente en el presidente de la República la facultad de fijar la alícuota del tributo, lo que viola el principio de reserva. La Academia también criticó la base imponible del tributo, que considera regresiva e injusta.

En lugar de aprobar la presente ley, la Academia exhortó al Gobierno a establecer un diálogo social permanente en materia laboral y tributaria y ofreció su colaboración técnica y académica para encontrar soluciones a la crisis de la seguridad social.

Cuestionamientos que hace la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

La Ley crea un tributo innecesario que duplica la contribución al seguro social, lo cual además de ser inconstitucional, desviará recursos del sistema de seguridad social hacia el tesoro nacional.
La base imponible del tributo es regresiva y discrimina al sector privado, es decir, que las empresas que pagan mejores salarios tendrán que pagar más impuestos, lo que desincentivará las mejoras salariales.
La Ley otorga al Presidente de la República la facultad de fijar la alícuota del tributo, lo que viola el principio de reserva de ley y abre la puerta a la discrecionalidad y al uso político del tributo.
La Ley no toma en cuenta la existencia de planes de jubilación privados, lo que implica que las empresas que ya ofrecen planes de jubilación a sus empleados tendrán que pagar un impuesto adicional.
Las sanciones previstas en la Ley son excesivamente severas, lo que violan el principio de proporcionalidad y podrían tener un efecto disuasorio sobre la inversión y el empleo.
En ese sentido, la Academia hizo un llamado al gobierno para que mantenga un diálogo social permanente en materia laboral y tributaria.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});